La decisión de Zapatero de reducir el sueldo de los funcionarios golpea especialmente al profesorado. Si se confirma el rumor que circula desde hace días, nuestra bajada no sería del 5% sino del 7% sobre el bruto anual. Esto supondría una pérdida de capacidad adquisitiva de más de un 40% acumulada desde principios de los 80. La experiencia nos dice que esas pérdidas jamás se recuperan (o sólo muy parcial y episódicamente). Es decir, el profesorado español acaba de recibir el mensaje de que su futuro tiene un horizonte un 7% más bajo.
Esto se suma al grave deterioro de nuestras condiciones de trabajo: aulas saturadas, aumento de inútiles tareas administrativas, políticas educativas erráticas e ineficaces, instalaciones y medios insuficientes, indefensión, la constante amenaza de nuevos recortes…
Nos consta que la administración no valora nuestro trabajo, y tampoco una sociedad en la que la diferencia media de sueldos entre licenciados y trabajadores no cualificados es la menor de Europa. Por si fuera poco hemos podido constatar cómo el cicatero presupuesto destinado a educación se malgastaba en iniciativas como el Plan de Calidad, la gratuidad de libros de texto o una errónea introducción de las TIC en educación, negociada con todos menos con quienes por su cuenta ya llevaban años incorporándolas a su trabajo. ¿Y qué decir del publicitadísimo Pacto por la Educación, que más bien habría que llamar ‘por la Privatización’, que supondrá el desvío de recursos públicos hacia centros concertados?
Toda esta larga cadena de agravios debe tener una respuesta, y esa respuesta no debe ser caer en la desmoralización y el cinismo.
Nosotros sí valoramos nuestro trabajo, somos conscientes de su importancia en el tejido social local, sabemos que una sociedad moderna no es viable sin un sistema educativo eficiente. Asumir la pérdida sin más no es admisible. Tomar privadamente decisión de trabajar ‘un 5% menos para compensar’ es humillante y menoscaba nuestro papel. No es mediante el escaqueo como recuperaremos prestigio y dignidad.
¿Qué hacer entonces? Participación, asociación, comunicación y acción. No tenemos muchas herramientas a nuestro favor, pero si encima no las utilizamos, flaco favor nos hacemos.
Participación. A menudo aceptamos sin oposición efectiva nuevas tareas y obligaciones que, sumadas, se están convirtiendo en una carga inútil que nos impide dedicar toda nuestra atención a lo que de verdad es importante. Desde los espacios de representación de que disponemos debemos poner pie en pared.
Asociación. Suele criticarse, y con razón, el papel de los principales sindicatos en el sector educativo. Pero esto no debe traducirse en el rechazo de los sindicatos en general como instrumentos de presión y negociación: los compañeros interinos demostraron que estas pueden ser herramientas válidas. Si entendemos que las actuales organizaciones mayoritarias no nos representan, elijamos otros. Desentendernos sólo perpetúa su estatus.
Comunicación. La campaña de culpabilización y desprestigio hacia el funcionario tiene múltiples aliados, y la prensa (en especial la económica) ha estado haciendo su papel. Ellos han hecho su parte de pedagogía al señalar cuán bueno resultaría para todos que nos bajasen el sueldo. Somos profesores. Explicarnos forma parte de nuestro trabajo. Debemos asumir cada cual como propia la obligación de explicar a la sociedad cuál es el valor de lo que hacemos, porque nadie lo va a hacer en nuestro nombre.
Acción. La timidez con la que el profesorado ejercita su derecho a huelga es algo con lo que la administración cuenta. El próximo día 2 de junio hay convocada una huelga de los trabajadores públicos. Ya cuento con que no será estilo Astilleros, pero dos cosas son necesarias para que no sea simplemente un paro testimonial: que un seguimiento masivo demuestre que sin el trabajo del funcionariado la sociedad se paraliza; que la lucha no se quede ahí, sino que sea el primer paso de muchos otros.
Tenemos motivos para estar muy cabreados. ¿Ahora qué vamos a hacer con ese cabreo?
