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Los y las abajo firmantes, docentes y personal laboral de los centros educativos de Tarifa, consideramos que hay razones más que sobradas para apoyar la convocatoria de huelga general del próximo 29 de septiembre:

  • Porque la reforma laboral aprobada por el Gobierno pone las bases de una sociedad más empobrecida, con una ciudadanía condenada a trabajos precarios, inestables e insuficientes para alcanzar un nivel de vida digno. Entre otras medidas, se recorta la indemnización por despido, que además asume parcialmente el Estado con el dinero de todos y todas; facilita al empresariado el despido individual y colectivo alegando abstractas razones de tipo organizativo o económico; reduce la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales; convierte en papel mojado los convenios colectivos y acuerdos sectoriales, dado que el empresariado (o la administración) puede descolgarse sin justificación de las tablas salariales y de las condiciones laborales; y las empresas de trabajo temporal (ETT) podrán sustituir las bolsas de trabajo en las administraciones públicas.
  • Porque esta reforma laboral también va con nosotros y nosotras: afectará de inmediato a los convenios del personal laboral y a los acuerdos de la Mesa Sectorial de Educación y será la antesala de una mayor precarización de la función pública, a la que desde hace tiempo se viene amenazando de forma velada con jornadas de trabajo más flexibles y desreguladas. Y el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, con la más que probable eliminación de la jubilación LOE, y la reforma del sistema público de pensiones están a la vuelta de la esquina. • Porque la reforma laboral forma parte de una estrategia de desmantelamiento del sector público (no sólo en educación, también en sanidad y atención socio comunitaria) que ya se deja notar en nuestro trabajo: el recorte de retribuciones, la disminución de los gastos de mantenimiento, la paralización de programas educativos, la privatización o externalización de servicios, la congelación de la oferta de empleo público y la suspensión de las inversiones en nuevos centros o en la remodelación de los ya existentes.
  • Porque esta huelga ni tiene intencionalidad política alguna ni se ha convocado para beneficio de las organizaciones sindicales: son nuestros derechos laborales y los del conjunto de la sociedad los que están amenazados, y nos corresponde por tanto a nosotros y nosotras defender lo que consideramos justo.
  • Porque los y las profesionales de la enseñanza, docentes y laborales, hemos antepuesto siempre el interés general a nuestras más que razonables exigencias particulares (por ejemplo, las retributivas), y ésta es una nueva ocasión para demostrar el compromiso de la educación pública con la sociedad.
  • Porque el pasado reciente nos enseña que nuestras reivindicaciones, cuando cuentan con el respaldo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, consiguen sus objetivos.
  • Porque para nuestro alumnado y sus familias somos un modelo de conducta cívica, y sería lamentable trasladarles una imagen de pasotismo y desmovilización que no se corresponde con la vocación de servicio público de la mayoría de los y las trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.
  • Porque para salir de la crisis y construir una sociedad próspera necesitamos más inversión en educación pública y un mayor reconocimiento del trabajo de docentes y personal laboral, no recortes salariales y precarización de nuestras condiciones laborales. Por consiguiente, no hay excusas para no secundar una convocatoria de huelga general en la que nos jugamos nuestro futuro como trabajadores y trabajadoras y la prosperidad del alumnado de nuestros centros. El 29 de septiembre, nuestro lugar está en la calle, no en el aula.

En Tarifa, a 23 de septiembre de 2010

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Reproduzco el comunicado de un compañero de El Saladillo

El pasado 25 de Marzo sufrí una agresión por parte de un alumno en el IES Saladillo (Algeciras) durante la realización de una actividad complementaria. Este alumno acababa de regresar de una expulsión de dos días por insultar repetidas veces a una profesora del mismo centro. El día en que se produjo el incidente, el alumno agredió a otro compañero de clase y ocasionó algunos desperfectos materiales, por lo que le comuniqué que debía dirigirse a Jefatura de Estudios. Durante el trayecto el alumno hizo caso omiso de mis indicaciones y me propinó dos puñetazos en el pecho con total descontrol.
Tras la agresión, y el consecuente malestar anímico que me provocó, y a pesar de que me animaron a solicitar una baja laboral, opté por reclamar algo tan lógico como poder acudir a mi puesto de trabajo sin tener que cruzarme con mi agresor. Cuál fue mi sorpresa cuando la Directiva del centro me respondió que con veintinueve días de expulsión sería suficiente.

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