Los y las abajo firmantes, docentes y personal laboral de los centros educativos de Tarifa, consideramos que hay razones más que sobradas para apoyar la convocatoria de huelga general del próximo 29 de septiembre:

  • Porque la reforma laboral aprobada por el Gobierno pone las bases de una sociedad más empobrecida, con una ciudadanía condenada a trabajos precarios, inestables e insuficientes para alcanzar un nivel de vida digno. Entre otras medidas, se recorta la indemnización por despido, que además asume parcialmente el Estado con el dinero de todos y todas; facilita al empresariado el despido individual y colectivo alegando abstractas razones de tipo organizativo o económico; reduce la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales; convierte en papel mojado los convenios colectivos y acuerdos sectoriales, dado que el empresariado (o la administración) puede descolgarse sin justificación de las tablas salariales y de las condiciones laborales; y las empresas de trabajo temporal (ETT) podrán sustituir las bolsas de trabajo en las administraciones públicas.
  • Porque esta reforma laboral también va con nosotros y nosotras: afectará de inmediato a los convenios del personal laboral y a los acuerdos de la Mesa Sectorial de Educación y será la antesala de una mayor precarización de la función pública, a la que desde hace tiempo se viene amenazando de forma velada con jornadas de trabajo más flexibles y desreguladas. Y el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, con la más que probable eliminación de la jubilación LOE, y la reforma del sistema público de pensiones están a la vuelta de la esquina. • Porque la reforma laboral forma parte de una estrategia de desmantelamiento del sector público (no sólo en educación, también en sanidad y atención socio comunitaria) que ya se deja notar en nuestro trabajo: el recorte de retribuciones, la disminución de los gastos de mantenimiento, la paralización de programas educativos, la privatización o externalización de servicios, la congelación de la oferta de empleo público y la suspensión de las inversiones en nuevos centros o en la remodelación de los ya existentes.
  • Porque esta huelga ni tiene intencionalidad política alguna ni se ha convocado para beneficio de las organizaciones sindicales: son nuestros derechos laborales y los del conjunto de la sociedad los que están amenazados, y nos corresponde por tanto a nosotros y nosotras defender lo que consideramos justo.
  • Porque los y las profesionales de la enseñanza, docentes y laborales, hemos antepuesto siempre el interés general a nuestras más que razonables exigencias particulares (por ejemplo, las retributivas), y ésta es una nueva ocasión para demostrar el compromiso de la educación pública con la sociedad.
  • Porque el pasado reciente nos enseña que nuestras reivindicaciones, cuando cuentan con el respaldo mayoritario de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, consiguen sus objetivos.
  • Porque para nuestro alumnado y sus familias somos un modelo de conducta cívica, y sería lamentable trasladarles una imagen de pasotismo y desmovilización que no se corresponde con la vocación de servicio público de la mayoría de los y las trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.
  • Porque para salir de la crisis y construir una sociedad próspera necesitamos más inversión en educación pública y un mayor reconocimiento del trabajo de docentes y personal laboral, no recortes salariales y precarización de nuestras condiciones laborales. Por consiguiente, no hay excusas para no secundar una convocatoria de huelga general en la que nos jugamos nuestro futuro como trabajadores y trabajadoras y la prosperidad del alumnado de nuestros centros. El 29 de septiembre, nuestro lugar está en la calle, no en el aula.

En Tarifa, a 23 de septiembre de 2010

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